Chile y la Maquina del Miedo

Por Nieves y Miro Fuenzalida.

La mitología indo-europea representa a la soberanía política con dos cabezas el Rey y el Jurista, el Mago y el Sacerdote, el Déspota y el Legislador, que aparentemente se presentan como dos fuerzas opuestas, pero que en realidad funcionan como pares que se alternan mutuamente, constituyendo una unidad soberana. Son los elementos principales del aparato estatal que tienen a su disposición el monopolio de la violencia que ejercen a través del uso del cuerpo policial y las cárceles más bien que del soldado. Opera por medio de la captura previniendo el combate social. Cuando el Estado adquiere un ejercito lo hace a través de la integración jurídica de la maquina de guerra. Solo que, esta máquina, en si misma, pareciera ser irreducible al aparato estatal, permaneciendo fuera de su soberanía y anterior a su ley. Resiste ser reducida a uno u otro y se constituye como un tercer miembro. Un poder en contra de la soberanía, una fuerza en contra del aparato civil que sostiene otro tipo de justicia. A veces, de una piedad incomparable y, otras, de una crueldad incomprensible. La maquina de guerra es de otra especie, de otra naturaleza, de un origen diferente al aparato civil. Se podría decir que se ubica entre las dos cabezas del estado y no es reducible a ninguna de ellas. El Estado no tiene una maquina de guerra propia. Solo se apropia de una de ellas en la forma de una institución militar, pero, una que continuamente le causa problemas. Esta es la razón de la desconfianza que el Estado le tiene a las instituciones militares y que su apropiación permanezca siempre incompleta.
El General en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas Ricardo Izurieta, durante un homenaje a Bernardo O’Higgins en el año 2000, recuerda que uno de los ejemplos del padre de la patria no fue solo la capacidad para confrontar conflictos y luchar por los intereses de la Patria sino, también el de reconocer que después de restablecer las instituciones y emprender grandes trabajos, es necesario cerrar las heridas que afectan al alma de la Nación es en este espíritu de reconciliación, dice, en el que se dieron la amnistía de 1819 y 1822. Este discurso, dado el contexto en que se dio, obviamente tenía como fin un claro objetivo político él ejército quería que los civiles dejaran a Pinochet en paz. Si después de diez años de transición los militares todavía se sentían confortables influyendo en las decisiones del gobierno es porque siempre han sido actores permanentes, visibles o no, en la lucha perpetua por mantener influencia y aumentar sus recursos. Lo que hace altamente cuestionable la vuelta a la democracia en Chile es el hecho de que después de 1989 las Fuerzas Armadas nunca volvieron completamente a los cuarteles y se han mantenido como una poderosa fuerza independiente capaz de cambiar las políticas gubernamentales.
La supremacía civil es un elemento básico en el orden democrático. Si la autoridad civil esta sujeta a los constreñimientos militares, entonces, las preferencias del electorado se supeditaran a las preferencias militares en áreas claves y los procedimientos democráticos serán subvertidos. Desde el mismo momento en que se inicia la transición en Chile los legisladores civiles se han visto forzados, una y otra vez, a aceptar las demandas militares para cambiar políticas, hacer concesiones o, simplemente, eliminar ciertas proposiciones legislativas. Tanto el Presidente como los Ministros, los miembros del Congreso y el Poder Judicial se han vistos incapacitados, en muchas ocasiones, de llevar a cabo sus mandatos. Si los militares han dejado el Gobierno ello no significa que hayan dejado de controlarlo en aquellas áreas que les interesan, lo que hace imposible afirmar que hoy, en Chile, exista una completa supremacía civil.
Cuando la Junta abre el camino al Gobierno civil, las fuerzas armadas quedaron en una excelente posición de privilegio e influencia. A diferencia de Uruguay, Perú o Argentina, las dictaduras de Brasil y Chile lograron, en un mayor grado, institucionalizar el autoritarismo militar (la constitución de 1989 en Chile, por ejemplo, institucionaliza la vigilancia autoritaria sobre el régimen civil, el sistema electoral que favorece a la derecha, el poder limitado del Presidente sobre las Fuerzas Armadas, el papel del Consejo de Seguridad Nacional, la institución de senadores no electos, el Tribunal Constitucional y los requerimientos rígidos de votos para cualquier intento de reforma constitucional), lo que les proporciona una mayor base de poder durante la transición permitiéndoles determinar de por si los grados de compromiso con el poder civil. Y, el plebiscito de 1988 mostró, además, que todavía una significante minoría de chilenos compartía las preocupaciones militares en relación con la eficacia de un gobierno civil. El apoyo público significaba que los grupos pro-reformas encontrarían serias dificultades para efectuar cambios. La popularidad de la oposición significaba un serio obstáculo a cualquier reforma constitucional o institucional sustantiva.
En 1989 la Concertación dio a conocer sus ambiciosas proposiciones programáticas que buscaban cambiar virtualmente cada aspecto de las relaciones político-militares y reformar gran parte de los elementos autoritarios de la Constitución de 1989 (investigar, juzgar y procesar las violaciones de derechos humanos en Cortes Civiles, derogar la ley de amnistía de 1978, poder presidencial para despedir comandantes en jefes, reformar la ley de Seguridad del Estado, disolver el CNI, etc.). La respuesta militar fue rápida y negativa (Medina Lois, General retirado, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas A. Matthei y Pinochet) y la concertación se sintió forzada a eliminar o suspender sus objetivos programáticos. La primera crisis cívico militar durante el gobierno de Patricio Aylwin, motivada por la investigación del Congreso a propósito del fraude económico militar en el que se encontraba involucrado el hijo de Pinochet, le dio la oportunidad a este de mostrar donde el poder de la Nación realmente radicaba. El 19 de Diciembre de 1990 Pinochet llama al acuartelamiento del ejército, medida que tradicionalmente es asociada con la preparación para el combate y, también, como un signo precursor de rebelión militar. El coronel J. Emilio Cheyre, futuro Comandante en jefe, hace notar que la seguridad nacional se pone en peligro cada vez que el General es amenazado. La fusión entre Pinochet y la Institución permanecía intacta. El “ejercicio de enlace” de Diciembre culmina con la aceptación gubernamental de todas las demandas del ejercito. Posteriormente, el 28 de Mayo de 1993, frente al intento renovado de investigar el mismo fraude financiero y las violaciones de derechos humanos contenidas en el informe Rettig, el ejército nuevamente despliega su fuerza física en lugares públicos forzando al gobierno a abandonar la investigación del escándalo financiero, a modificar la política de derechos humanos y despedir al subsecretario de guerra. El Gobierno de Frei, el segundo de la Concertación, evitó el problema de los derechos humanos y las relaciones cívico militares. El objetivo fue el de evitar cualquier confrontación, forjar mejores relaciones con las Fuerzas Armadas y suspender la búsqueda de supremacía civil. Sin embargo, el caso en contra del General retirado Manuel Contreras y el Brigadier Pedro Espinosa por el asesinato de Orlando Letelier en Washington DC en 1976, muestra nuevamente la considerable autonomía de poder que las Fuerzas Armadas poseían y la habilidad en resistir las decisiones de las autoridades civiles. La demora en aceptar la decisión de la Corte para entregar a Contreras a las autoridades civiles para cumplir la condena le crea serios problemas de credibilidad al Presidente Frei, que muestra la limitación del Gobierno al aceptar la custodia mixta de Contreras (personal militar y gendarmería) y poner punto final a la prosecución de la violación de los derechos humanos. Mas adelante, a causa del arresto de Pinochet en Londres, los militares reiteran su capacidad de determinación al formular una serie de medidas en defensa de Pinochet llamando al Gobierno a sumar su apoyo, el que responde con una serie de medidas diplomáticas. Cuando Ricardo Lagos, el primer presidente socialista después del asesinato del Presidente Allende, asume el mando a comienzos del año 2000 continúa los esfuerzos de Frei y las Fuerzas Armadas por temor a crear un conflicto cívico-militar. El ejército logra exitosamente unir al Gobierno, la derecha política y al Arzobispo de Santiago en una estrategia basada en la defensa de la soberanía nacional. En Marzo del 2000, el Secretario del Interior, Jack Straw, anuncia que el General retornará a Chile porque actualmente es incapaz de tomar parte en un juicio debido al deterioro de sus facultades mentales. La ironía de todo esto es que gracias a los esfuerzos de un Gobierno socialista el dictador, que fue responsable por el encarcelamiento sin juicio, el exilio, la tortura, el desaparecimiento y el asesinato de miles de chilenos se le otorga la libertad por razones humanitarias. Su retorno obliga a algunos jueces a salvar las apariencias acelerando sus esfuerzos para obligar a Pinochet y a otros a comparecer en la Corte para responder por las violaciones de derechos humanos ocurridos bajo su mando. Pero, al igual que antes, estos esfuerzos solo logran un limitado resultado y la Administración del Presidente Lagos no tuvo más éxito que sus predecesores en constreñir la dirección militar.
Se podría decir que la transición a la era pos-dictatorial se ha caracterizado por la habilidad de los grupos dirigentes en hacer creer al pueblo que sus intereses están en olvidar activamente la historia dictatorial y los procesos institucionales a los cuales estuvieron sujetos bajo el dominio militar. Los amos de la violencia, al reclamar la propiedad única de los intereses universales de la Nación, convencen al electorado a adoptar decisiones racionales y aceptar los términos de la transición democrática ofrecidas por la dictadura y las negociaciones, en ultima instancia, son resueltas por la presión del miedo y la política del apaciguamiento. Los grupos dirigentes, dice Moulian, usaron el miedo como justificación para interpretar el bien común y las necesidades de Chile. La transición a una democracia libre de la cultura dictatorial del miedo se promueve sosteniendo la misma cultura del miedo como condición necesaria para el logro de la democracia. Esta se garantiza suprimiendo la democratización y sosteniendo la autoridad militar como su guardián. Cuando Moulian hablaba de la sangre seca, del interminable dolor de los que esperan el retorno de los desaparecidos, el gemido de los torturados, el remordimiento de los que fueron obligados a traicionar, la nostalgia de los exiliados, el sufrimiento sordo de los miles que se encontraron sin empleo o incapaces de trabajar por años, lo hacia para remover el encubrimiento de sus marcas y confirmar el sonido de su tragedia. Para abrir momentáneamente el discurso critico de las experiencias colectivas y exponer la política del consenso como la fantasía de la perfecta transición a la democracia que las elites políticas desean proyectar al mundo. Es la crítica a la transparencia neo-liberal al llamar la atención a un mundo de experiencias que la transición a la democracia continuo silenciando. El proceso de poner punto final a la historia de esta violencia muestra el fracaso del Estado en responder al problema del antagonismo social. O dicho de otra manera el Estado chileno confirma la afirmación de que todas las formas particulares que el Estado adopta son, en última instancia, los diferentes intentos fallidos para lograr una solución a este problema.
Se podría argüir que algún tipo de sistema se ha consolidado en Chile, a pesar de no ser verdaderamente democrático. Ciertamente, Chile no esta congelado en una vaga situación constitucional. El desafío político actual es el de moverse hacia la liberación de las fuerzas sociales que los custodios de la identidad nacional mantienen bajo su control. Supremacía civil implica la capacidad para formular y conducir políticas generales sin interferencia, incluyendo la definición de intereses y objetivos nacionales en todos sus aspectos y el papel de las Fuerzas Armadas, que no deben ejercer una influencia autónoma que pudiera alterar o detener las iniciativas legales civiles. La constitución, las leyes nacionales y los códigos militares deben definir la posición subordinada de las Fuerzas Armadas. La ausencia de esta legalidad solo da la apariencia de una supremacía civil que desaparece tan pronto como la autoridad militar decide que el país esta en medio de una crisis. Este movimiento hacia la supremacía cívica es crítico para cualquier definición significativa de democracia.
¿Cuan democrática es la mentalidad chilena? Según una encuesta conducida por Latino barómetro en el 2001, menos de la mitad (45%) de los chilenos esta de acuerdo con que la “democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno”. El 19% esta de acuerdo en que “en ciertas circunstancias un Gobierno autoritario es preferible a la democracia.” ¿Cuánto tiempo demorará cambiar el abrumador balance de fuerzas en la relación cívico militar? Dadas todas estas premisas se podría decir que una seria reforma democrática continuara siendo extremadamente difícil dentro de los próximos años.
Nota: Los autores son escritores y docentes chilenos residentes en Ottawa.