El Pueblo Indígena y Sus Partidos

Por Nieves y Miro Fuenzalida

Un nuevo fenómeno empieza a surgir en América Latina. Un chispazo energético que reanima la política étnica y organiza las poblaciones indígenas, por primera vez en la historia del continente, en partidos políticos (Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Venezuela) que luchan por el viejo anhelo de ser reconocidos en el ámbito social y avanzar sus intereses permanentemente ignorados por el resto de los partidos. Su mera existencia contiene el potencial de exacerbar los conflictos étnicos o profundizar las prácticas democráticas y ampliar la representación del sistema partidario en países con una gran población indígena.
En las últimas décadas hemos visto, en diferentes partes del mundo, las consecuencias desastrosas de la polarización étnica. Los dirigentes de partidos étnicos con frecuencia explotan humillaciones, prejuicios y resentimientos, desplazan a dirigentes mas moderados, deterioran las relaciones inter étnicas y causan conflictos que terminan en la destrucción mutua (Yugoslavia, África). América Latina ha podido escapar a este escenario porque las identidades étnicas que la caracterizan poseen una gran fluidez y ambigüedad. Según Raúl Madrid (“Indigenous Parties and Democracy in Latín América”, 2005) la ambivalencia típica de los mestizos, que constituyen el grupo mayoritario, ha contribuido a desdibujar la línea divisoria entre las diferentes categorías étnicas. Implícitamente aceptan sus raíces indígenas y celebran su legado cultural como parte de su propia herencia nacional. Pero, no se identifican a si mismos como indígenas y, con frecuencia, discriminan en contra de ellos. Quienes se han auto identificado como indígenas han cambiado esta noción a través del tiempo. En el siglo XX una gran parte de la población indígena, que vivía en los sectores rurales, se identificaba a si misma como campesinos y los que emigraban a la ciudad parcialmente abandonaban la identidad ancestral. Hoy día, en cambio, es posible notar un proceso de reindigenización. Una gran cantidad de individuos, incluso los que solo tienen descendencia parcial, empiezan a adoptar la etiqueta indígena, dependiendo, en gran parte, de las elecciones que se les ofrezcan.
En un ambiente en donde las identidades son tan fluidas los partidos indígenas se han visto obligados a adoptar una política pragmática e inclusivista para lograr algún éxito político. Dionisio Núñez, congresal boliviano de MAS, expresaba en el 2004… “somos un partido inclusivo y no exclusivo. No queremos ser excluidos y tampoco queremos excluir”.
La reciente movilización social y la incorporación legal y política del pueblo indígena al Estado en países donde constituyen una gran parte de la población significa un cambio de poder notable y un debilitamiento de las instituciones que tradicionalmente los han excluido. En Bolivia, Ecuador y Colombia los partidos indígenas han presentado candidatos no indígenas o formado alianzas electorales con otros partidos. En Bolivia y Ecuador MAS y Pachakutic han atraído partidarios del resto de la población y en Colombia los partidos indígenas han recibido mayor número de votos del electorado no indígena. No todos los partidos étnicos, sin embargo, han tratado de atraer apoyo fuera de su círculo. En Nicaragua (Yatama), en la región del Amazonas y en Venezuela se han concentrado, principalmente, en obtener el apoyo de su propio grupo, pero, evitan la retórica polarizante y no rechazan trabajar con otros partidos o con el gobierno. Los partidos que han expresado hostilidad al resto de la población no indígena no han recibido apoyo significativo en las elecciones, incluyendo aquellos que dicen representar (en Bolivia, por ejemplo, en el año 2002 el partido radical Indianista obtuvo sólo el 2% y el movimiento indígena Pachacuti el 6%)
Más que ningún otro grupo la población indígena de América Latina ha sufrido la discriminación económica y social a través de toda la historia del continente. Su influencia política ha sido mínima o no existente y los partidos tradicionales muy raramente han incorporado sus demandas o les han dado representación en sus filas. Los partidos de izquierda, por ejemplo, apoyaron las demandas socio económicas de los campesinos indígenas, pero, ignoraron la opresión cultural, limitaron a los políticos indígenas a candidaturas subordinadas y perpetuaron las mismas practicas racistas que los partidos conservadores.
Donna Lee Van Cott (“From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics”, 2005) observa que en la década de los 80s con la ayuda de actores internacionales (Organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, grupos religiosos) organizaciones indígenas empiezan a formarse en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela y organizaciones regionales empiezan a operar en Chile, México, Nicaragua, Panamá y Perú proveyendo una plataforma para la interacción nacional e internacional en la promoción de políticas de desarrollo económico y de derechos humanos. El nacimiento de ellas no ha sido fácil. La población indígena contiene innumerables subgrupos (los Quechua en Ecuador están compuestos por 17 diferentes subgrupos y la región del amazonas contiene a lo menos 12 diferentes nacionalidades. En Colombia se distinguen 61 grupos que hablan 64 lenguajes). Estas diferencias lingüísticas y culturales someten a los movimientos indígenas a una constante tensión en la difícil tarea de construir una identidad indígena. En la década de los 90s la creciente madurez de las redes organizacionales le permite a los movimientos indígenas actuar como grupos de intereses y de protesta y, también, como participantes en el parlamento y en las oficinas de gobierno. El logro de reformas constitucionales a las que aspiran no siempre ha sido exitoso (Guatemala, 1999. México, 1996). En el 2000 un modelo constitucional regional y multicultural surge con cinco características claves. Reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas como entidades colectivas que precedieron el establecimiento de los estados nacionales. Reconocimiento de la ley tradicional indígena vinculada a la ley pública y limitada solo por los derechos humanos o constitucionales. Protección de los derechos de propiedad colectiva. Estatus oficial para las lenguas indígenas y acceso bilingüe a la educación.
Los países que se han comprometido o reconocido la mayoría de estos derechos son Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Los países con un reconocimiento moderado de algunos de estos derechos son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Los que reconocen un mínimo o no reconocen ningún derecho indígena son Belice, Chile, El Salvador, Guyana y Surinam.
La lucha indígena ha revitalizado a una izquierda moribunda aportando contenido y legitimación a un discurso socialista estéril haciendo a la izquierda más atractiva a un mayor segmento de la población. Proporcionan un contra peso a la concentración del poder económico y político y desafían los modelos de democracia representativa prefiriendo modelos que tengan mayor atracción participatoria en los procesos de decisión y producción de políticas publicas (El movimiento Pachakutik en Ecuador, por ejemplo, a nivel de gobierno municipal). La presentación de un modelo alternativo es crucial en América Latina donde los partidos políticos han fracasado en la tarea de ligar las instituciones políticas con el electorado. El surgimiento de partidos indígenas, especialmente en Bolivia y Ecuador, le ha dado voz al pueblo indígena y ha colocado sus intereses en el debate político obligando a los partidos tradicionales a ponerles más atención. La participación electoral, sin embargo, continua siendo baja comparada con el resto de la población debido a barreras educacionales, lingüísticas, económicas o geográficas. Los países con gran población indígena (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú) se caracterizan por una gran fragmentación del sistema partidario que complica la forma en que se gobierna y hace difícil establecer legislaciones y programas de largo alcance. Los partidos indígenas tienen la posibilidad de establecer sistemas partidarios más estables y coherentes. Pero, eso no significa que no haya diversidad entre ellos o que no estén libres de conflictos o divisiones internas que confrontan a sus dirigentes con el desafío de los activistas indígenas y otros miembros de la comunidad a desarrollar programas de cambios radicales en las políticas de gobierno, por un lado, y, por otro, con la presión de los incentivos electorales para moderar sus acciones y puntos de vista y formar alianzas con otros partidos para ganar una mayor influencia. Si se definen por acciones radicales lo más probable es que antagonicen parte de su electorado y marginalicen a los nuevos partidos indígenas del resto de la política nacional. Si hacen lo segundo, arriesgan no solo conceder demasiado, sino, alienar su propia base electoral y perder su razón de ser.
La incorporación formal del pueblo indígena al debate social que hoy toma lugar es un proceso difícil. Cuando los partidos indígenas ocupan el poder por algún tiempo producen desilusión y frustración haciéndolos perder apoyo debido a las limitaciones de recursos que les impide mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y, a pesar de los avances logrados, las organizaciones, comunidades y partidos políticos indígenas todavía exhiben normas sexistas y tendencias que privilegian identidades e intereses colectivos por encima de los miembros individuales de la comunidad que puede colocarlos en conflicto con las prácticas liberales. Un número mínimo de mujeres ocupan posiciones de autoridad y cuando lo hacen pueden sufrir abuso físico e intimidación por parte de colegas masculinos. Los partidos indígenas en Bolivia, y en menor medida en Ecuador, han tenido mayores dificultades que los partidos mestizos en encontrar suficientes candidatas para cumplir con la cuota legal. Pero, cualquiera sean estas dificultades, el hecho es que ahora son participantes políticos permanentes, les guste o no a las elites tradicionales. Tal vez, en países con fuerte población indígena veremos un populismo multicultural (Ecuador, Bolivia). En países con una izquierda marxista fragmentada y una elite con orientación mercantil, en cambio, veremos un multiculturalismo neoliberal con ganancias extremadamente modestas en derechos políticos, económicos y culturales para la población indígena (México, Chile).
La dimensión de lo universal es fundamental en cualquier lucha en contra de la dominación y es condición necesaria para una noción de lo político. El multiculturalismo liberal, la ideología del capitalismo global, promueve una actitud de respeto y tolerancia a las diferentes identidades asignándole a cada grupo minoritario su propio lugar dentro del sistema al acomodar sus demandas en el orden capitalista. Las luchas y reivindicaciones particulares de la política de la identidad, si no desafían la estructura de dominación y opresión en forma significativa, corren el riesgo de quedarse en el callejón sin salida de lo meramente particular. La demanda de autonomía cultural, el derecho de las minorías o la igualdad económica necesitan tener referencia a una dimensión que vaya más allá de la defensa de intereses puramente particulares y específicos. Si la lucha social quiere producir un efecto político real tiene que articularse en relación con una base común o a un horizonte universal que cuestione el marco de relaciones económicas que origina, justamente, la opresión económica y el déficit democrático. Los partidos indígenas en Latinoamérica pueden ser un eslabón valioso en esta cadena de equivalencias en la lucha por la emancipación económica en un continente en donde la diferencia entre pobres y ricos es una de las mayores del mundo.
Nota: Los autores son escritores y docentes chilenos residentes en Ottawa.