Chile: El Original y la Copia

*Atilio A. Borón

Para la Concertación el triunfo de la derecha (en realidad, de su variante más virulenta: la pinochetista) en las elecciones presidenciales chilenas podría considerarse como un ejemplo más de una “crónica de una muerte anunciada.” La progresiva asimilación del legado ideológico de la dictadura militar por los principales cuadros de la alianza democristiana-socialista hizo que la diferenciación entre la Concertación y los herederos políticos del régimen militar: Renovación Nacional (su ala “moderada”, si es que un “pinochetismo moderado” puede ser otra cosa que un oxímoron) y la Unión Demócrata Independiente, sus batallones más cavernícolas, fuera desvaneciéndose hasta tornarse imperceptibles para el electorado. Fernando Henrique Cardoso -mejor sociólogo que presidente- gustaba repetir a sus alumnos que “a la larga, los pueblos siempre van a preferir el original a la copia.” Y tenía razón. En este caso, el original era el pinochetismo y su heredero: Sebastián Piñera; la Concertación y su inverosímil candidato, la copia.
¿Constituye esto una injusta exageración? Para nada. Oigamos lo que decía Alejandro Foxley, quien entre 1990 y 1994 se desempeñó como Ministro de Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin, ni bien inaugurada la “transición democrática”. En ese cargo Foxley se esmeró en preservar y profundizar el rumbo económico impreso por la dictadura. Senador por la Democracia Cristiana entre 1998 y 2006 y Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Michelle Bachelet entre el 2006 y el 2009, toda su actuación pública estuvo marcada por una incondicional sumisión a las orientaciones establecidas por Washington y sus representantes locales en Chile.
Este altísimo personero de la Concertación declaraba en Mayo de 2000 que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización... Hay que reconocer su capacidad visionaria (para) abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile... Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” [1]. ¡Pinochet visionario, Pinochet creador del Chile moderno, Pinochet cambiando a Chile, para bien! Los horrores del pinochetismo con su secuela de miles de muertos, desaparecidos, torturados, asesinados, las libertades conculcadas, el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos: todo es mañosamente invisibilizado en la sofistería del tecnócrata “progresista”.
Con dirigencias que sostenían un discurso como éste (que muchos compartían si bien pocos se atrevían a manifestar con tanto descaro) y con políticos que, en muchos casos, fueron abiertamente golpistas y facilitadores del zarpazo que perpetraría Pinochet en 1973 (cosa que algunos parecen haber olvidado), ¿podía la Concertación ser creíble como una alternativa superadora del pinochetismo? En realidad, lo que habría que encontrar es la razón por la cual la ciudadanía chilena no se decidió mucho antes a sustituir la copia por el original.
Pero la continuidad entre el pinochetismo y sus sucesores “democráticos” no se verifica sólo en la admiración, abierta o vergonzante, por la obra y el legado histórico de Pinochet. También se demuestra en las políticas económicas “pro mercado” y “pro inversión” (y, por lo tanto, “antijusticia y antiequidad”) implementadas por la Concertación a lo largo de dos décadas y en el supersticioso respeto por la Constitución de 1980, una obra maestra del autoritarismo y formidable barrera contra cualquier pretensión seria de democratizar la vida política chilena. En sus treinta años de vida ese cuerpo constitucional sólo experimentó reformas marginales, la más importante de las cuales fue la reducción del mandato presidencial a cuatro años y la imposibilidad de una inmediata reelección. Pero la camisa de fuerza que esclerotizó un sistema partidario que en las elecciones del pasado domingo terminó de morir, el régimen binominal, permaneció incólume al igual que las escandalosas prerrogativas de unas fuerzas armadas que, aún hoy, distan mucho de estar supeditadas al poder civil [2]. Esa Constitución hace que Chile incurra en un exorbitante gasto militar, varias veces superior, por ejemplo, al de Venezuela, cuya cuantía desvela los sueños de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.
Con el triunfo de Piñera el sistema partidario urdido por el régimen pinochetista fue herido de muerte. La implosión de la Concertación parece ser su destino inexorable, y con ello el fin de su espurio bipartidismo. Una parte importante de la democracia cristiana se acercará al nuevo gobierno mientras que otro sector procurará encontrar un difícil y poco promisorio camino propio. No muy diferentes son las perspectivas que enfrenta el socialismo chileno, escindido entre un sector mayoritario que se adhirió sin reservas al neoliberalismo y otro, muy minoritario, que aún conserva una cierta fidelidad al noble legado de Salvador Allende, que debe de estar revolcándose en su tumba al ver lo que hicieron sus supuestos herederos políticos. El futuro del PS no parece muy distinto del que tuvo en su momento el Partido Radical chileno, poderoso en los años treinta y cuarenta para luego languidecer hasta su completa irrelevancia. Veinte años de gobiernos “progresistas” no fueron suficientes para consolidar un bloque histórico alternativo, pero lograron unificar a una derecha que ahora se enseñorea de la vida política del país, completando exitosamente un tránsito desde el predominio económico-financiero -fomentado por las políticas económicas de sus predecesores en La Moneda- hacia la preeminencia política.
La supremacía derechista se verá facilitada por la descomposición del polo del “centro izquierda” y su atomización en varios partidos, ninguno de los cuales, al menos hoy, tendría condiciones de desafiar la hegemonía de la derecha. Queda por ver de qué forma reaccionará el heterogéneo espacio político que se encolumnó tras la candidatura de Marco Enríquez Ominami, cuyo desempeño en la primera vuelta electoral barrió con todos los pronósticos alcanzando un notable 21 por ciento de los votos, principalmente de los jóvenes. Un dato nada menor que habla con elocuencia de la frustración ciudadana es el desinterés por la política de los jóvenes: se calcula que unos tres millones y medio de ellos no se registraron para votar, desalentados por la despolitización que la Concertación promovía en la gestión de los asuntos públicos. De haberlo hecho, los resultados del pasado domingo bien podrían haber sido diferentes, pero esto ya es un ejercicio contrafactual que no viene al caso proseguir aquí. A guisa de ejemplo: en el rico distrito de Las Condes se registró para votar algo más del cincuenta por ciento de los jóvenes entre 18 y 19 años. En cambio, en la comuna obrera de La Pintana sólo 300 de los más de 8.000 jóvenes que allí viven hicieron lo propio, es decir, poco más del 3 por ciento. En resumen: Chile tiene un electorado envejecido, cada vez más conservador, con pocos jóvenes que, además, sobrerepresentan a los sectores más acomodados de la sociedad chilena [3].
La derrota de la Concertación pone de manifiesto los límites del llamado “progresismo”, una suerte de tercera vía que habiendo fracasado estruendosamente en Europa –sobre todo en el Reino Unido y Alemania- procuró, sin éxito, tener mejor suerte en América Latina. Lo que caracteriza a los gobiernos de ese signo político es su incondicional sometimiento a las fuerzas del mercado y la debilidad de su vocación reformista, carente de la osadía necesaria para traspasar las fronteras trazadas por el capitalismo neoliberal. Una de las claves para entender las desventuras electorales del centro izquierda en esta parte del mundo la ofrece la dispar fortuna que la separa de los gobiernos que emprendieron con decisión el camino de las reformas -sociales, económicas e institucionales- como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Mientras que éstos parecen ser máquinas imparables de ganar elecciones por cifras abrumadoras, en Chile el progresismo ha sido derrotado al paso que en la Argentina y Brasil se enfrenta a la eventualidad de ser desalojado del poder en los próximos recambios presidenciales. Conclusión: si un gobierno quiere ser ratificado en las urnas el camino más seguro es avanzar sin dilaciones ni titubeos por el camino de las reformas y, de ese modo, cristalizar una base social de apoyo popular que le permita triunfar en las contiendas electorales. Quienes no estén dispuestos a seguir este curso de acción pavimentan con su claudicación el camino para la restauración de la derecha.
Una última consideración: la derrota de la Concertación gravitará y mucho en el escenario sudamericano. Las cosas se pondrán más difíciles para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba; la ampliación del MERCOSUR con la plena incorporación de Venezuela sufrirá renovados tropiezos, si bien no de manera directa puesto que Chile no es miembro pleno de ese acuerdo; y con el triunfo de Piñera el bloque derechista controla, con la honrosa excepción del Ecuador, todo el flanco del Pacífico latinoamericano. Además, el “efecto demostración” del desenlace electoral chileno podría llegar a ejercer un cierto (y negativo) influjo sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2010 en Brasil y las que tendrán lugar el año siguiente en Argentina, en ambos casos dando pábulos a los candidatos de la derecha.
Por otra parte, la belicista contraofensiva imperial de Estados Unidos (Cuarta Flota, bases militares en Colombia, golpe en Honduras, reconocimiento de las fraudulentas elecciones de ese país, etcétera) contará a partir de marzo con un nuevo aliado, liberado de cualquier compromiso, aunque sea retórico, con el proyecto emancipatorio latinoamericano. Hay que recordar que aún bajo los gobiernos “progres” de la Concertación el papel que éstos desempeñaron fue siempre el de un operador privilegiado de Washington en América del Sur . En la Cumbre de Mar del Plata que culminó con el naufragio del ALCA las voces cantantes a favor de ese acuerdo fueron las de Ricardo Lagos y Vicente Fox, bajo la complacida mirada de George W. Bush. Ahora esa tendencia “aislacionista” -y, en el fondo, antilatinoamericana- se acentuará aún más, revirtiendo una profunda vocación latinoamericana que Chile supo tener y que bajo la presidencia de Salvador Allende llegó a su apogeo. Pero ese país ha cambiado, “para bien” como lo recordaba el ex Canciller de la Concertación y hoy es el verdadero campeón del neoliberalismo, título ganado entre otras cosas mediante la firma de tratados bilaterales de libre comercio que regulan sus relaciones económicas con más de 70 países.
Desde la época de la dictadura militar el desdén de La Moneda por América Latina ha sido proverbial y continúa hasta el día de hoy. Una muestra rotunda de este desinterés la brinda el hecho de que Chile prefiere importar petróleo desde Nigeria antes que hacerlo desde Venezuela o llegar a un acuerdo con Bolivia. Hace apenas un par de días Sebastián Edwards, uno de los publicistas del neoliberalismo latinoamericano y seguramente futuro consultor del nuevo gobierno, ratificaba la vigencia de la doctrina pinochetista diciendo que “económicamente nuestro futuro está en el mundo y no en América Latina. Debemos dejar de compararnos con nuestros vecinos. América Latina es nuestra geografía; nuestras aspiraciones deben ser llegar a ser como los países de la OCDE” [4]. Por eso los necesarios procesos de integración supranacional actualmente en marcha en América Latina -desde el MERCOSUR hasta la UNASUR, pasando por el Banco del Sur y otras iniciativas semejantes que el imperio invariablemente se ha esmerado en postergar o desbaratar- no habrán de cobrar nuevos bríos con Piñera instalado en La Moneda.
Con Frei las cosas no hubieran sido muy diferentes, pero al menos éste tenía un vago compromiso con el electorado que en el caso de su contendiente no existe. Lo que hay detrás de Piñera, en cambio, es la rabiosa gritería de sus partidarios celebrando la victoria de su candidato con imágenes y bustos de Pinochet y cánticos exhortando a acabar de una buena vez con los “comunistas” infiltrados en el gobierno de la Concertación. Nada nuevo bajo el sol. La década no podía haber comenzado peor. Más que nunca en tiempos como estos adquiere vigencia, para quienes quieren cambiar un mundo que se ha vuelto insoportable y no solo insostenible, aquel sabio consejo de Gramsci: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”.

Notas:
[1] Cf. Cosas, 5 de Mayo del 2000. Reproducido en Marcos Roitman Rosenmann, Pensar América Latina. El Desarrollo de la sociología latinoamericana (Buenos Aires : CLACSO, 2008)
[2] Sobre el carácter eternamente inconcluso de las transiciones democráticas en América Latina remitimos al lector a nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina (Córdoba: Ediciones Espartaco, 2009)
[3] Ver “ El espejismo del voto voluntario”, que Qué pasa?, http://www.quepasa.cl/articulo/19_1944_9_2.html
En ese mismo reporte se consigna que “los investigadores chilenos Alejandro Corvalán y Paulo Cox concluyen que la proporción de jóvenes chilenos del quintil más pobre, entre 18 y 19 años, que se inscribe en los registros electorales, es la mitad de la que lo hace en el quintil más rico.”
[4] Cf. El Mercurio, Martes 19 de Enero de 2010, p. B-14.
*El autor es Sociólogo y Académico en el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. El artículo fue publicado originalmente en el periódico digital Rebelión.

*El autor es Sociólogo y Académico en el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. El artículo fue publicado originalmente en el periódico digital Rebelión.

La Derrota del 17 de Enero

Por Rolando H. Vergara
La noticia llegó escueta, Piñera electo Presidente con el 51.60% de los votos. Después de 20 años en el poder la Concertación de Partidos por la Democracia se revuelca, en estos días, en su propia soberbia y muerde el polvo de la derrota.
Ninguna de sus argucias, como esa de que “hay que parar a la derecha” o que “somos el progresismo” dieron resultado. Los socios útiles provenientes de la izquierda claudicante, en particular, del Partido Comunista y su “Juntos Podemos” que pactaron con anticipación votar por Eduardo Frei tampoco pudieron salvarla. La carta del “mal menor” -éticamente ya insostenible- que la Concertación tenía escondida en su manga y que la sacó de apuros en ocasiones anteriores, esta vez igualmente, no sirvió de nada. La frustración y la indignación ciudadana acumulada en estos 20 años, hicieron oído sordo a las promesas de última hora y al chantaje y terminaron por mandar al museo de la historia a la agonizante coalición política y su candidato.
La derrota del 17 de enero se veía venir después del estrepitoso desastre electoral de Freí en la primera vuelta. ¿A quiénes van a culpar ahora de la derrota? Van a culpar a los más de 3 millones de jóvenes que no se inscribieron, a ME-O, a los indiferentes que no se tomaron la molestia de ir a sufragar, o aquellos ciudadanos que postularon legítimamente la opción del voto nulo?
La derrota política irrecusable representa, sin dudas, el rechazo categórico a las políticas de sus distintos gobiernos. Desde Patricio Aylwin hasta Michelle Bachelet, la Concertación no hizo otra cosa que administrar y consolidar, con bastante éxito, la institucionalidad económica y política heredada de la dictadura.
Es una realidad incuestionable que la Constitución de 1980 y todas las leyes fundamentales que rigen el sistema económico, político, social y cultural de nuestro país fueron impuestas por la dictadura, tales como las leyes que limitan el rol del estado en la economía, que conculcan los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, o aquellas que convirtieron en un negocio la salud, la educación y la previsión social de los chilenos. Ninguno de los cuatro gobiernos impulsó reformas profundas destinadas a cambiar los pilares esenciales de la democracia tutelada y el modelo neoliberal.
Desde el inicio se vistieron con el mismo traje neoliberal, sustentaron las mismas ideas y aplicaron las mismas recetas políticas, llegando con el tiempo a parecerse tanto a la derecha que a la hora decisiva de votar, la gente no supo distinguir quien era quien. Los ciudadanos no percibieron ninguna diferencia entre la derecha concertacionista y la extrema derecha pinochetista.
La derrota del “17” expresa también un profundo descontento de los pueblos y los trabajadores quienes han sufrido las consecuencias de los distintos gobiernos. El modelo económico chileno, publicitado como el paradigma de desarrollo para América Latina, sin dudas ha generado una gran riqueza, pero esta se ha concentrado en las manos de unos pocos grupos económicos y se ha logrado a costa de la explotación indiscriminada de los recursos naturales y de los trabajadores. El sistema capitalista globalizado por condición intrínseca produce una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza.
Se puede afirmar, inequívocamente, que uno de los legados más nefastos de las dos décadas de gobiernos concertacionistas, según diversos estudios de organismos nacionales e internacionales, es la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza. Chile es considerado uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10 % más rico de la población chilena se lleva el 41,7 % del ingreso nacional, mientras el 10 % más pobre recibe sólo el 1,6%. Las tremendas utilidades de las grandes empresas y la banca, no tienen ninguna relación con los salarios medios de los trabajadores chilenos, con su precaria calidad de vida y sus escasa seguridad social.
Algunos señalaron que la izquierda responsable debía votar por Freí en la segunda vuelta. En otras palabras, eso significaba que era responsabilidad de la izquierda salvar una coalición política que se esmeró en consolidar la versión más salvaje del capitalismo, que creó niveles extremos de desigualdad económica, que entregó gran parte de los recursos naturales a la voracidad del capital transnacional y que privatizó casi todos los bienes que son de todos los chilenos. ¿De donde sacaron que podría ser responsabilidad de la izquierda auxiliar a una coalición política que rescató a Pinochet en Londres e impidió que la justicia chilena lo juzgara por sus crímenes, y que ha reprimido de manera brutal los movimientos sociales y al pueblo Mapuche?
Absolutamente no. No ha sido ni será jamás misión de la izquierda consecuente salvar a defensores del capitalismo, a quienes excluyen, oprimen y explotan a la mayoría de los chilenos.
La derrota del “17” fue responsabilidad única y exclusiva de la inepcia y falta de visión de los actores políticos concertacionistas.

Nota:El autor es Profesor e Investigador del Latin American Research Institute (LARI).

El Retorno de la Derecha en Chile

por Nieves y Miro Fuenzalida.

¿Por qué la derecha ha vuelto al poder en Chile? Lo primero que a uno se le ocurre es que este resultado no es del todo sorprendente porque solo confirma la nueva realidad política del continente después del término de la etapa de gobiernos dictatoriales y autoritarios. Las últimas dos décadas han mostrado que los gobiernos de izquierda no han sido eventos singulares o victorias aisladas, sino parte de un limitado proceso democrático en desarrollo que su participación no pone en peligro. Tanto la izquierda que reemplaza la herencia de la ideología leninista de la revolución Bolchevique por el pragmatismo y la moderación y la izquierda basada en símbolos nacionalistas y populistas del pasado que apela a los pobres con retóricas inflamatorias y programas de re-distribución financiados por la expansión fiscal son predominantemente moderadas. A pesar de la retórica revolucionaria que las diferencia, son más homogéneas y menos radicales de lo que uno podría creer.
A diferencia de los tiempos pasados la izquierda en Chile y en todos los países latinoamericanos han optado, libre y concientemente, a participar en el juego electoral abandonando la vía violenta o la ideología revolucionaria al re-organizar las fuerzas laborales y las organizaciones cívicas y partidistas con miras a la victoria electoral. Este significativo cambio estratégico ha ocurrido gradualmente después del periodo de re-democratización. Para nadie es un misterio que esta moderación política surge como producto de esta transición pactada a la democracia cuyo principal objetivo era la marginalización de la izquierda. El peligro de ir demasiado a la izquierda fue internalizado por el electorado y los grupos progresistas que reconocieron que el apoyo a candidatos centristas podría asegurar el restablecimiento de las instituciones democráticas y evitar el retorno del autoritarismo (Chile, Brasil). Este modelo creo las condiciones para el surgimiento de las victorias de la izquierda cuando gobiernos de centro derecha fracasan en su actuación y, especialmente, cuando el electorado se siente mas seguro de la estabilidad de las instituciones democráticas. La izquierda triunfa porque las elites gobernantes han fracasado en la re-distribución de las riquezas. El problema es que una vez en el poder, la integración de la economía internacional y el predominio del neo-liberalismo han limitado a la izquierda a llevar a cabo políticas socialistas o de re-distribución radical que, en el pasado, fueron la causa que instigaran a la derecha a los golpes militares. Las políticas neol-iberales son anatema para la izquierda, porque han sido un fracaso en el alivio de la pobreza, la re-distribución y el desarrollo humano. Otros sectores, en cambio, reconocen que las políticas neo-liberales han sido capaces de controlar la hiper-inflación y lograr un moderado crecimiento económico. Los gobiernos de izquierda inclinados a desafiar las políticas neol-iberales se ven obligados a evitar, si quieren mantener la coalición, provocar serios problemas macro-económicos o la vuelta de la inflación. La integración económica internacional, además, constriñe a los gobiernos que dependen del libre intercambio y del capital internacional a perseguir políticas que podrían amenazar el flujo de capitales. El caso de Venezuela es ilustrativo, porque muestra cuan difícil es para los gobiernos de la izquierda escapar a los dictados del orden económico internacional. Las reservas de petróleo y su alto precio lo hacen el único país latinoamericano con una fuente de riqueza verdaderamente independiente que le da a Chavez cierta capacidad de movilidad política comparado con los otros, que al no tener esa riqueza, se les hace difícil desafiar de manera significativa el sistema económico regional. Solo que cuando el precio del petroleo baja Chávez enfrenta graves problemas. Evo Morales, por otro lado, incluso con su limitado poder negociador que le dan sus reservas de gas natural, se ha visto forzado a moderar sus aspiraciones anti-neoliberales y es difícil que podamos ver allí un rompimiento radical con el sistema neo-liberal.
Si las circunstancias que han hecho posible el viraje a la izquierda (desigualdad, movilización de masas) son características constantes del continente, no hay razón, entonces, para pensar que la participación de la izquierda en los procesos electorales es algo transitorio, lo que indica una transformación significativa en su actuación política. La izquierda no siempre ganara, como hoy en Chile, pero permanecerá como una fuerza competitiva por un largo tiempo. Su futuro dependerá de su habilidad para balancear las necesidades pragmáticas de moderacion y el imperativo moral a perseguir estrategias que lleven a la disminución de la pobreza, la distribución y el desarrollo. La izquierda chilena volverá porque el futuro político de Chile será la administración alternativa del capital entre la derecha y la izquierda.
¿Significa esto que la conclusión que debemos extraer es que la izquierda se ha resignado a aceptar este arreglo social como el único sistema social posible, al abandonar cualquier intento real de reemplazar el régimen capitalista liberal existente? Hubo un tiempo en que podíamos entender claramente lo que Marx significaba cuando hablaba de reemplazar el régimen capitalista, porque lo hizo explicito tantas veces. Y lo mismo, Lenin y Trotsky. Pero hoy día ¿Qué significa la lucha por cambiar el capitalismo? ¿La imposición de la dictadura del proletariado? ¿La socialización de los medios de producción y la abolición de los mecanismos del mercado? ¿O se postula otro modelo social alternativo? ¿Y cual seria la estrategia política para lograrlo? Lo cierto es que no sabemos con claridad lo que la actual retórica revolucionaria propone. Y sin esta claridad elemental el electorado solo tiene estas dos alternativas. Sin empezar a responder estas cuestiones las posturas anticapitalistas son vacías y no significan absolutamente ninguna cosa... ¿O… lo que realmente se tiene en mente, en cambio, es algo distinto a esto, como por ejemplo, el cambio del modelo económico neo-liberal y la introducción de regulaciones estatales y control democrático de la economía para disminuir o evitar los peores efectos de la globalización? Si es esto ultimo, entonces, de lo que estamos hablando no es de revolución, sino de algo diferente.

Nota: Los autores son escritores y docentes chilenos residentes en Ottawa.

Chile No Se Agota en Diciembre o La Construcción del Poder Alternativo

por Claudio Filippi Peredo y Rafael Gumucio Rivas
Para nadie es un asombro el escuchar que el poder en Chile está concentrado en pocas manos, las que dirigen los destinos de millones desde sus posiciones de privilegio, imponiendo no sólo la agenda pública o privada sino también la cultura y el pensamiento dominante.
Esas pocas manos, todos representantes de la clase alta de éste país y de la oligarquía gobernante, usufructúan de todos los poderes: el poder político, el poder de las comunicaciones, el poder económico, el poder militar, el poder simbólico y el poder religioso. Con todos ellos maniatan, enceguecen o idiotizan al resto de la población conduciéndola a ceder el único poder que el chileno común y corriente posee, uno que podríamos denominarlo el poder del pueblo.
Ese poder, se manifiesta de manera imperfecta aunque no exclusiva a través del ejercicio electoral. En ese ejercicio, los ciudadanos concurren a elegir a candidatos que ellos no alzaron y que son miembros, en su mayoría, de las propias oligarquías y representantes de los intereses de grupo y no de proyectos colectivos y compartidos que hablen de la construcción de una nueva sociedad y un nuevo futuro. Eso se suma, a la existencia de leyes electorales que fueron diseñadas para distorsionar la voluntad popular y convertir en hegemónico el modelo político, social y económico impuesto desde la propia oligarquía.

Por eso, es que el resto de los poderes se unen para limitar la expresión genuina del pueblo en el ejercicio electoral. La consigna es que el pueblo debe legitimar con su derecho a sufragio el modelo impuesto y administrado por pocos pero, en ningún caso, cambiarlo. Y cada vez que emitimos un voto legitimamos el orden de cosas existente, haciendo real la paradoja de la política chilena, encerrada en un camino que alguna vez llamamos transición.
Las alternativas frente a ese aparente callejón sin salida son pocas y nos exigen diferenciar claramente la táctica de la estrategia.
La táctica del momento es que utilizando, con todas sus manifiestas imperfecciones el derecho a sufragio logremos elegir por un lado, en lo presidencial, la mejor opción electoral y de cambio para éste país. Por el otro lado, en lo parlamentario, debemos llevar al Congreso Nacional la mayor cantidad de representantes genuinos de ese cambio. Ellos deben ser la base para las reformas profundas que Chile requiere en la primera etapa de nuestra lucha.
Ese logro, es sólo el objetivo táctico inicial y no podemos olvidar que nuestro objetivo estratégico global es la reconfiguración del esquema de poderes en éste país a beneficio de los sectores mayoritarios y no de minorías privilegiadas.
1.Lo primero, en ese itinerario debe ser la reforma amplia del poder político, logrando una nueva Constitución genuinamente democrática, la que debe ser legitimada por la participación del pueblo en una Asamblea Nacional Constituyente. Los principios que creemos que debe contemplar esa Constitución ya los hemos señalado previamente, y no es menester analizarlos profundamente: Semipresidencialismo, Parlamento unicameral, Referéndum revocatorio de las autoridades, Federalismo atenuado, consagración de las Juntas Vecinales como micro-órganos de gobierno territorial, etc.
Al interior del Estado debe instituirse la figura del Defensor del funcionario público, ente autónomo e independiente de las jefaturas de turno que garantice un trato respetuoso, digno a todos los funcionarios públicos.
2.Lo segundo, debe ser la reforma amplia y la democratización del poder comunicacional.
Las concesiones radiales y televisivas deben ser revisadas. Hay que fortalecer las radioemisoras locales, combatiendo la concentración metropolitana de las cadenas de radioemisoras. Hay que nacionalizar las concesiones radiales impidiendo la concentración en manos extranjeras de las mismas.
En lo televisivo, hay que revisar el sistema de concesiones de frecuencias y garantizar el financiamiento público a canales de televisión independientes, sin fines de lucro y que representen propuestas culturales e informativas alternativas que den participación real a la ciudadanía.
En la prensa escrita debe garantizarse la equidad en el acceso a la publicidad estatal a los medios independientes y financiarse con fondos públicos los proyectos de prensa independiente, combatiendo la monopolización de la información por parte de los sectores dominantes.
3.Lo tercero, en el poder económico es imprescindible reforzar la participación estatal en áreas estratégicas como la salud y la educación. Deben renacionalizarse las aguas y la minería.
Hay que refundar el transporte urbano público y sustituir las soluciones privadas conocidamente fracasadas.
Hay que fortalecer y renovar el cooperativismo en todas sus formas, democratizando las cooperativas e impidiendo la concentración del control de estas organizaciones en algunas familias y grupos de poder. Las cooperativas deben ser autorizadas para entrar al sistema bancario y previsional, así como ampliar su acción a otras áreas como la salud cooperativa. Debe crearse la Superintendencia de Cooperativas, que apoye y fiscalice las mismas.
Hay que reformar, en serio y no sólo superficialmente el sistema previsional, garantizando pensiones dignas a los chilenos y volver a una jubilación por años de servicio para todos y no sólo para las fuerzas armadas. Es impostergable la creación de la AFP estatal.
En lo laboral se debe, entre otras cosas, reducir la jornada laboral a 36 horas semanales, garantizando que los trabajadores puedan estar con sus familias y crecer humana y socialmente.
Hay que garantizar por ley un sueldo mínimo profesional e impedir el abuso estatal y privado.
Hay que reenfocar el rol del Banco del Estado, haciéndolo cumplir su rol de promotor de la economía para los sectores económicos medios y bajos de la sociedad.
Debe fortalecerse el rol social de los Ferrocarriles del Estado e impedir su privatización.
4.El poder militar debe ser reestructurado.Hay que garantizar la gratuidad de los estudios militares para cualquier chileno que desee hacer carrera militar, eliminado la obsoleta distinción entre estudios para oficiales y suboficiales. Se debe, garantizar una carrera y una educación militar única y continua, que permita el acceso a los más altos cargos de cada entidad castrense de cualquier soldado, independiente de su origen social.
Debe permitirse la sindicalización de los militares, tal y como en los países europeos se hace.
5.Con todas esas reformas debe conformarse un nuevo poder simbólico dominante el que debe construirse como un modelo de sociedad pacífica, justa, igualitaria, democrática, participativa, respetuosa de los derechos humanos y de los pueblos originarios. Un modelo de sociedad que fortaleciendo el Estado, fortalezca a la vez al ciudadano como centro de toda política y actividad nacional.
Esa tarea nos obliga, a decir que Chile no se agota en Diciembre y que en cualquier escenario debemos construir el poder alternativo desde el pueblo.
Eso nos obliga a seguir trabajando de manera permanente, en lo que podemos llamar la “acción social permanente” de la izquierda chilena. La mayoría de las veces nos agotamos en lo electoral y nuestros esfuerzos solo van dirigidos a objetivos tácticos menguados y con resultados escuálidos.
Eso tiene que cambiar, y para ello hay que trabajar permanentemente rearticulando el poder del pueblo. Toda reforma profunda nace y se conduce a través de él. Sin el pueblo no hay reforma que sea legítima.
Llegar a la gran clase media trabajadora y mayoritaria debe ser nuestro objetivo. Debemos educar y construir una visión compartida, sentida de la realidad y de nuestro futuro.
Hay que soñar en conjunto una nueva sociedad y sentar las bases para rearticular lo político desde lo social y lo social desde lo político. Hay que incorporar en la construcción de ese sueño a los sindicatos y al resto del tejido social del país.
Las estrategias de lucha pacífica deben ser nuestra arma privilegiada.
No olvidemos, Chile no se agota en Diciembre. Hay que construir el poder alternativo.

Nota: El Dr. Claudio Filippi Peredo es médico psiquiatra, diplomado en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia. Rafael Luis Gumucio Rivas es historiador y escritor. Es autor de La Nueva Estrategia Frente al Poder (1973), El Desafío Democrático (1988) y El Desafío de La Soberanía Popular (1988) . Este articulo fue publicado originalmente en PiensaChile.com.

Los Mapuche y el Estado de Derecho en Chile

Por Arauco Chihuailaf

"A los mapuches les echaron los perros de la ley encima, encarcelándolos por abigeato, después de haberles saqueado los ganados e incendiado los sembrados”.
Pablo de Rokha

¿Quiénes Cometen Violencia?

Se acaba de cometer un nuevo crimen: Jaime Mendoza Collio de 24 años murió baleado por la policía el 12 de agosto de este año. Ello ocurrió mientras Carabineros desalojaba un fundo ocupado por miembros de una comunidad en la provincia de Malleco.
Frente al homicidio cometido, el Subsecretario del Interior Patricio Rosende declaró que “el gobierno ha mantenido una política invariable de condena de hechos de violencia. Esa no es la forma en que se solucionan las demandas de las comunidades mapuches, esto sólo causa dolor y sufrimiento”. Y según el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma: “son accidentes que ocurren y que nosotros somos los primeros en lamentar”. Lo inquietante es que este tipo de “accidentes” ocurren siempre en el campo mapuche.
Se olvida a menudo que la violencia y la ausencia de estado de derecho son elementos intrínsecos a la constitución de la propiedad privada de la tierra en la región de la Araucanía. Remitámonos a la historia reciente. Durante el período dictatorial las empresas forestales transnacionales empezaron su avance en territorio mapuche comprando tierras a bajo precio. Además contaron con subsidios para el desarrollo de sus plantaciones así como de exenciones tributarias gracias al Decreto-ley 701 de 1974. Los mapuche se ven enfrentados, por consiguiente, a la necesidad de movilizarse para preservar tierras ancestrales. En esta movilización quedaron desamparados de todo apoyo político-institucional. Así lo reconoció el documento de “La Concertación de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas” (1989): “La política económica basada en el libre mercado ha conllevado pérdida de recursos, tales como derechos de agua … imposibilidad de utilizar tierras ancestrales. Los mapuches y mapuches huilliches han enfrentado y enfrentan numerosos litigios, amenazas de lanzamientos y expulsiones de sus tierras, sin encontrar apoyo ni en el gobierno ni en la justicia”. Infelizmente, los fundamentos de esa realidad siguen inalterados. Ayer, como en los primeros decenios del siglo XX por ejemplo, las expulsiones de mapuche de sus propiedades, las usurpaciones de tierras, los asesinatos, fueron una práctica frecuente. Esos crímenes quedaron en la impunidad. Y hoy a los descendientes de esos mapuches, también se les asesina o se les condena por la defensa de sus tierras, por atentados contra la propiedad privada, por terrorismo. Y grado sumo de las acusaciones ante los tribunales, en los inicios de este siglo XXI: usurpación de tierras ! ¿Asombrarse ante tamaña desproporción?
Al crimen del 12 de agosto se agrega una nueva encarcelación: el dirigente Hector Llaitul Carillanca fue detenido en Osorno el 15 de julio de este año (2009) y conducido a la cárcel El Manzano de Concepción. Fue “formalizado por los delitos de homicidio frustrado, atentado contra la autoridad, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación” (El Mostrador, 16.7.09). El acusador: el Fiscal Mario Elgueta. Llaitul estuvo detenido en el 2007 y en el 2008 fue absuelto de los cargos que se le imputaban: “asociación ilícita terrorista para perpetrar ataques armados …para la comisión de crímenes o simples delitos contra la propiedad privada” (El Mercurio, 16.10.08). Esta acusación se suma a las centenas que ya se han formulado en contra de dirigentes y de quienes han participado en las movilizaciones, desde 1997 particularmente, para defender sus tierras.

La Acción Contradice el Discurso

El vocabulario de las acusaciones: asociación ilícita terrorista, atentado contra la autoridad, delitos contra la propiedad privada, refleja un tinte político y mistifica la realidad. Y esto no se disipa con la declaración de la Ministra Secretaria General de Gobierno Carolina Tohá respecto a la condena de H. Llaitul : “En Chile hay un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley y nos parece importante que en este caso al igual que en todos los casos las personas que están acusadas de un crimen vayan ante la justicia y la enfrenten” (El Mostrador, 16.7.09).
Cuánto quisiéramos que la declaración de la Ministra Tohá correspondiera plenamente a lo que sucede en el país. Pero no están encarcelados los responsables de las muertes del joven de 17 años Alex Lemún en noviembre del 2002 y del estudiante universitario Matías Catrileo Quezada en enero del 2008, ambos baleados por la policía. ¿Supone ello una legitimación del crimen político o que hay una violencia tolerable? ¿Se juzgará y condenará ahora al responsable de la muerte del joven J. Mendoza Collio? ¿Se sancionará a quiénes rechazando el diálogo optaron por el desalojo que condujo al crimen?
En el conflicto que opone a las comunidades con las empresas forestales, no se reconoce la lucha mapuche por tierras ancestrales. Todo se reduce, como lo afirmó P. Rosende, a “hechos de violencia”. ¿Las Forestales están exentas de toda responsabilidad en la agudización del conflicto? ¿Cuál es el papel que corresponde al Estado y las instituciones estatales en esta situación? ¿La necesidad de un clima social atractivo para los inversores privados (argumento utilizado hace unos días) puede justificar la arremetida policial y judicial incesante frente a las demandas mapuche? El argumento nos entrega, sin embargo, un elemento revelador: atraer a los inversionistas privados. Dicho de otro modo, lo que observamos en el plano político no es ajeno a los paradigmas del mercado. Y eso está en el trasfondo de la represión policial que ha alcanzado incluso a quienes buscan informar. Lo ilustra el caso de Marcelo Garay Vergara, detenido por Carabineros el 17 de mayo de este año al encontrarse haciendo sus labores periodísticas en una comunidad de Roble Huacho, en las cercanías de Temuco. Esta comunidad está en conflicto con la Forestal Masisa.
Cuando las Forestales Arauco y Mininco recurrieron a guardias privados para que actuaran en contra de campesinos mapuche, ¿a cuál ley se ajustaban? Dicho sea de paso, estos guardias los procuraba la Oficina de Seguridad Particular (OSEPAR) que fuera creada a fines de los 80 por un coronel de Ejército.
El guardia forestal Jerson Espinoza, hermano de Leonardo Espinoza (guardia forestal despedido y que luego se suicidara) declaró al Diario Austral de Temuco del 06 de enero del 2000: “Teníamos que hostigar a las comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión se enterara de las atrocidades que cometían los mapuches … En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos”. En febrero del 2000, el diputado Eugenio Tuma denunció que guardias privados de las compañías forestales podrían haber cometido ataques contra las plantaciones para luego culpar a los mapuche. ¿Con qué rigor actuó la justicia para investigar los hechos denunciados? En cualquier caso, el rigor se impone a los más vulnerables. De allí que la Ley Antiterrorista (1984) heredada de la dictadura siga golpeando a los mapuche. Y esto, en contradicción con las observaciones de organismos de derechos humanos y del relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen quien instó al gobierno, en el 2003, a la no aplicación de esta Ley; y contrariamente a la declaración de la Presidenta, en el 2006: esa Ley no se aplicaría porque la “justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”.

Todo por el Mercado

Las Forestales y los latifundistas que son los acusadores e instigadores de la represión contra los mapuche detentan un poder económico que los hace menos vulnerables en todo sentido. Algunas cifras ilustran ese peso económico. Se estima que las inversiones del sector forestal totalizarán unos 3200 millones de dólares a fines del 2010, “generando un dinamismo que permitiría a las exportaciones crecer en un 30 %, alcanzando entre 4500 millones de dólares y 5000 millones de dólares hacia fines de la presente década” (Corma. Info Export. Internet. 19.7.2009). La envergadura de las inversiones como del retorno por exportaciones hace que las transnacionales no se amedrenten fácilmente ante el “terrorismo” mapuche. Juan Eduardo Correa, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Chilena de la Madera, indicó en el 2002 que “a pesar de la preocupación por el rompimiento del estado de derecho” en la Octava y Novena Regiones, se mantendrá, para el decenio, las inversiones de 3600 millones de dólares”(Forest.cl el Mundo Forestal, 24.4.2002). Pero para una parte de la población se trata del “rompimiento del estado de derecho” para subsistir. Los datos de Casen (2003) indican que el 29 % de la población se encuentra en situación de pobreza en la Araucanía (VIII y IX Regiones precisamente), que constituye el escenario del llamado “conflicto mapuche”. ¿La pobreza no es otra forma de violencia?
Los datos sobre inversiones y exportaciones cobran toda su relevancia en relación con la preocupación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería (DIRECON) por diversificar los mercados y en particular el del sector forestal: “Las grandes compañías forestales también desarrollan su estrategia de expansión y, en muchos casos, con las prospecciones y primeras exportaciones que realizan, despejan el camino para que las acompañen empresas medianas y pequeñas” (Corma. Info Export. Internet. 19.7.09).
No sorprenderá entonces que las movilizaciones mapuche aparezcan entorpeciendo los objetivos de un neoliberalismo a ultranza y que parlamentarios de derecha y algunos empresarios manifiesten preocupación por el “recrudecimiento del conflicto mapuche en la Araucanía”, la “seguridad ciudadana” y por “la falta de estado de derecho” (El Mercurio electrónico, 03.8.09).
La opinión pública chilena no carece de información acerca de los grupos “violentistas” y del “terrorismo” mapuche, pero está menos informada sobre la riqueza extrema de algunos grupos económicos, en particular de las Forestales. Otras noticias circulan con notable discreción, como la decisión adoptada por algunos magistrados de la Corte Suprema de rebajar las penas a miembros de la policía secreta de la dictadura condenados por asesinatos y dejar a otros en libertad condicional (El Clarín.cl, 15.8.09). Quienes hoy se preocupan por la “seguridad ciudadana”, por el “restablecimiento del Estado de derecho”, no manifestaron ayer ningún desasosiego ante la inexistencia de un Estado de derecho y luego ante el sobreseimiento por la Corte Suprema del dictador enjuiciado por los crímenes cometidos. Esta actuación, antes y ahora, de un alto Tribunal de Justicia desmiente la declaración de la Ministra Toha.
Conforme al modelo económico imperante, es decir, como lo señalara la Concertación a los pueblos indígenas (1989) “la política económica basada en el libre mercado”, la prosperidad del país dependería de un cuadro político y social apaciguado. El Estado ha asumido el papel de apaciguador, que en el caso mapuche se traduce en represión y en el caso omiso que se ha hecho de sus demandas y protestas. Descartando de este modo todo diálogo. Así ocurrió en Ralco y en la Novena Región. La represa Ralco se construyó pese a las protestas y movilizaciones mapuche y a pesar de la oposición de dos directores de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) a quienes se solicitó, por tal razón, la renuncia en 1997 y 1998 respectivamente. Endesa, empresa transnacional, comenzó la construcción en 1998 y la inauguró el 27 de septiembre del 2004. 3500 hectáreas de tierras pehuenches (bosque, viviendas, cementerio) fueron inundadas. En la novena región: de los 28 vertederos en donde se deposita el 70 % de la basura de la región, 16 están en comunidades mapuche; éstas protestaron reiteradamente por la nocividad para el medio ambiente, sin encontrar mayor eco.
En junio, se llamó a licitación nacional e internacional por 20 áreas de energía geotérmica (Diario Oficial del 1.6.2009). Una de estas concesiones se encuentra en tierras mapuche de la comuna de Melipeuco, Novena Región. Hasta ahora el Ministerio de Minería no ha consultado a los campesinos concernidos, aunque el Convenio 169 de la OIT ratificado por el gobierno chileno en septiembre del 2008, estipula que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados … cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

Por el Estado de Derecho

No extrañará, por lo tanto, que el Estado chileno haya sido denunciado ante organismos de Derechos Humanos y ante la opinión pública internacional. En mayo del 2006, el Premio Nobel de Literatura José Saramago interpeló a la Presidenta Bachelet, en gira por Europa, para manifestarle que “los derechos de los chilenos no alcanzaban a los mapuche”.
¿Cuál es o debería ser uno de los sustentos fundamentales de un Estado de derecho? Que nadie esté por encima de la ley como lo afirma la Ministra Carolina Tohá. ¿Es el caso [de nuestro país]? La respuesta surge de la realidad que se puede observar y constatar en el Chile del Bicentenario y que en parte hemos evocado en estas páginas.

Nota: El autor es escritor y profesor universitario en Francia.

Comunismo y Capitalismo

Por Nieves y Miro Fuenzalida.
A excepción de unos pocos marxistas porfiados hoy ya no se habla de comunismo o capitalismo. Ambos términos han desaparecido de la retórica de los políticos, sindicalistas, escritores, periodistas o académicos. Incluso la izquierda revolucionaria y el movimiento anti globalización han transformado la crítica del capitalismo (centrada en mecanismos económicos, formas de organización laboral, extracción de ganancias) en la crítica del Imperialismo. Cuando se habla de los agentes de la globalización el enemigo es externalizado, mayormente, en la forma de un anti americanismo vulgar. La agenda política es la de la lucha en contra del imperio americano y, en esta lucha, cualquier aliado es bueno. Como ha dicho Zizek, el filosofo lacaniano, el islamismo anti modernista o el régimen de Bielorrusia aparecen como fuerzas progresistas en contra de la globalización. En lugar de la crítica al capitalismo como tal nos conformamos con la crítica a los excesos del imperialismo. Con lo que finalmente nos quedamos es con la intención de suavizar los mecanismos capitalistas para crear otro marco más progresivo, tolerante y justo como ultima formula de arreglo económico social, olvidando que el capitalismo global contiene suficientes antagonismos (ecológicos, propiedad privada, desarrollos tecno científicos y nuevas formas de aphartei) que tienen el potencial de motivar movimientos sociales que impidan su reproducción indefinida.
El capitalismo posee una tremenda capacidad de adaptación y fácilmente transforma cada crisis y catástrofe en una oportunidad de inversión, competencia y solución mercantil. Lo que impulsa esta creatividad es la confianza en la objetividad de los mecanismos del mercado, en la mano invisible que garantiza que la competencia del egoísmo individual contribuye al bien común. Zizek enfatiza el hecho de que por mucho tiempo las leyes o la lógica interna del proceso histórico han proporcionado el medio y el fundamento a todas las intervenciones humanas. Cualquier cosa que el sujeto político o social realice ha estado mediada y sobredeterminada por la historia. Su curso, su impulso inmanente, se orienta necesariamente hacia un objetivo ultimo (el juicio final, el despliegue del Espíritu, la sociedad sin clases, las leyes del mercado liberal, el punto omega). En contra de esta lógica lo que hoy día surge como posibilidad real es la intervención directa de la voluntad del ser humano en la dirección de la historia modificando su curso al desencadenar una catástrofe ecológica, una mutación genética fatal, la aniquilación nuclear o la apertura a un nuevo mundo. Ya no podemos confiar en que la historia continuara su curso no importa lo que hagamos. La acción de un solo agente político puede alterar, interrumpir o terminar con el proceso histórico mundial. La sustancia histórica da paso al sujeto histórico.
Es dentro de este contexto en donde el capitalismo empieza a perder su estatus privilegiado. Zizek hace notar que una serie de fenómenos han empezado a aparecer que muestran el límite de la propiedad privada. La insistencia de Napster de permitir libre acceso a la música contenida en el Internet mostró la relación antagónica entre la lógica de la ganancia de la industria digital y el problema de como mantener la propiedad privada (derecho de autor) en un medio de circulación libre. Jeremy Rifkin menciona que según el poder judicial norteamericano no hay necesidad de distinguir entre seres vivos y objetos inanimados. Un organismo genéticamente diseñado debe ser considerado como una invención en la misma forma que una computadora. Las comunidades locales de América Latina, África o India pueden descubrir de pronto que ciertas plantas medicinales usadas por cientos de años ahora son propiedad de compañías farmacológicas extranjeras o compañías biogenéticas que patentizan genes adquiriendo derecho de propiedad de una especie vegetal o animal en su totalidad. La investigación y trabajo de incontables generaciones de campesinos y científicos potencialmente son negados por una decisión legal que equivale a un secuestro económico. El conocimiento tratado como si fuera una propiedad tangible. ¿No es la concentración monopolística del poder en las manos de un solo individuo o corporación un indicio de la necesidad de repensar la propiedad privada? Si en las próximas décadas se hace realidad la creación de un aparato único que concentre las características de la inter-acción informática, el teléfono, la televisión, el audio video y el video “DVD Player” no hay nada que impida que una corporación privada logre transformarse en dueña absoluta de este medio universal que le permitiría controlar, no solo el lenguaje usado en el, sino también las condiciones de su aplicabilidad ¿no estaríamos llegando aquí a la escalofriante situación en que un solo agente, independiente del control publico, dominaría la estructura comunicacional básica de nuestras vidas, transformándose en un poder mas fuerte que cualquier gobierno? Uno podría preguntar junto con Zizek... cuando una corporación biogenética patenta nuestros genes, haciéndolos su propiedad… ¿no esta dando origen a la misma paradoja de poseer las partes mas profundas de nuestro cuerpo transformándolo, en cierta forma, en propiedad de la corporación?
Es esta referencia a la propiedad común la que trae de vuelta la noción de comunismo, la que mantiene esta hipótesis como alternativa. Sin este horizonte, sin esta idea alternativa no hay nada en el transcurso histórico político de interés fuera de la preocupación con nuestros propios asuntos. La mantención de esta hipótesis no significa la vuelta a la propiedad estatal. Esta, de alguna manera, también fue privada, controlada por la burocracia administrativa, la estructura partidista y los aparatos ideológicos. El desafío que el presente le impone a la izquierda, si es que hoy día todavía existe, es darle a esta hipótesis una nueva forma de existencia. El peligro de una sociedad pos capitalista es la emergencia de nuevas formas de jerarquía directamente fundadas en cualidades individuales cancelando, incluso, la igualdad y libertad formal burguesa. En tanto el factor determinante del poder social este basado en la exclusión e inclusión a ámbitos privilegiados (conocimiento, control) tenemos que esperar un aumento en las formas de exclusión que pueden llegar hasta el racismo ¿Qué forma tendrá una sociedad pos capitalista? ¿Estará basada en la igualdad o será jerárquica? ¿Quiénes serán sus agentes? Estos serán los más importante problema político en las luchas por venir.
El 9 de Noviembre de 1989 la muralla de Berlín es derrumbada señalando el triunfo del capitalismo y la futura democracia liberal. El 11 de Septiembre caen las Torres Gemelas trayendo de vuelta las murallas (Israel y Palestina, México y Estados Unidos, La Unión Europea) y el miedo. Pero, el fenómeno realmente nuevo de nuestro tiempo, dice Zizek, es el crecimiento explosivo de las poblaciones marginales de las mega ciudades del mundo que contienen el potencial de transformarse en un sujeto político capaz de llenar el vacío revolucionario dejado por la clase proletaria porque son libres en el sentido proletario clásico. Libres de amarras sustanciales, fuera de la regulación policial del Estado. Una inmensa colectividad arrojada a una situación nueva desde donde tiene que inventar alguna forma de unión sin el soporte de formas de vida tradicional. En una sociedad en donde el control total es prevalente las poblaciones marginales son espacios que, a pesar de estar dentro del territorio nacional, se ubican fuera de la ley. El control estatal se suspende y la policía raramente se atreve a internarse por sus callejuelas. Es esta masa, privada de todo y situada en los márgenes de las grandes ciudades industriales, la que puede transformarse en la fuerza política futura. En el siglo XIX se produce la politización del proletariado. En el siglo XX, el despertar político de la población rural del Asia y Africa. En el siglo XXI los habitantes de las poblaciones marginales tienen el potencial de romper la inercia política y transformarse en agentes de cambio ¿No lo hemos visto en Venezuela? Uno de los logros más importantes de Hugo Chávez ha sido la organización y movilización de los pobladores que, incluso para su propia sorpresa, lo salvaron del golpe de Estado.
El antagonismo es constitutivo de la condición humana. No podemos escaparnos de el. Lo que nos queda, lo que nos queda dice el filosofo esloveno, es reconocerlo y cambiar la forma en que se da, la estructura que lo entorna para articular una nueva forma de vida, una nueva relación de producción. El antagonismo crucial en este momento, el punto de referencia de todos los otros es el antagonismo entre excluidos e incluidos. Es una división que atraviesa todas las otras divisiones basadas en la política de la identidad. Sin el todos los otros pierden su lado subversivo. Uno honestamente puede luchar por mejorar el ambiente, apoyar una noción más amplia de propiedad intelectual, oponerse al derecho de propiedad genética sin cuestionar el antagonismo o contradicción social básica. Pero, el resultado al final del día, es que la ecología se transforma en un problema de desarrollo sostenible, la propiedad intelectual en un complejo desafío legal y la biogenética en una cuestión ética. Con lo que nos quedamos es solo con la eficiente administración de la vida. Y en un mundo despolitizado, carente de grandes causas sociales la única forma de movilizar a la gente es el miedo, la ideología predominante del actual capitalismo mundial.
Nota: Los autores son escritores y docentes chilenos residentes en Ottawa.

El Poder Astuto Contra América Latina

Por Manuel E Yepe

El “Smart Power”, en español “poder astuto, hábil o inteligente”, ha sido prácticamente oficializado por la Administración Obama como arma de política exterior de Estados Unidos, con la canciller Hillary Clinton como su principal portavoz.
En la audiencia del Senado que la confirmó en el cargo de Secretaria de Estado, en enero último, la señora Clinton proclamó que Estados Unidos debe utilizar una diplomacia de Smart Power, sin abundar en la esencia de esa política.
En un irónico artículo del ex redactor principal del Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations), Lionel Beehner, publicado por el Huffington Post el 23 de enero, el autor afirmó que Hillary Clinton “ha conseguido resumir la nueva dirección de la política exterior de Estados Unidos con un eslogan pegajoso: Smart Power, una formulación de notable ininteligibilidad y suficientemente vaga que ostensiblemente combina el poder ‘duro’ con el poder ‘suave’ y que hará que los tiranos del mundo se bajen los pantalones para restaurar el liderazgo de los Estados Unidos”.
Beehner se preguntaba si el Smart Power no sería una sofisticada manera de convocar a una política tradicional que busque reinsertar al internacionalismo liberal en su posición anterior, contrarrestando doctrinas de Bush “que ya nadie apoya más que Sarah Palin y unos pocos fósiles expertos de la AEI (American Enterprise Institute)”.
Pero, en abril 5, la Secretaria del exterior estadounidense definió más precisamente la esencia del Smart Power, que calificó como la doctrina Obama de política exterior. Dijo que consiste en el uso del “conjunto de herramientas a nuestra disposición --diplomáticas, económicas, militares, políticas, legales y culturales- escogiendo la herramienta o combinación de ellas más adecuada en cada situación”.
“La doctrina del Smart Power --ha dicho la canciller-- puede requerir, en ocasiones, el uso de la fuerza militar para proteger a nuestra gente y nuestros intereses. Pero serán igualmente importantes la diplomacia y el desarrollo para la creación de condiciones para un mundo pacífico, estable, y próspero”.
Según la Secretaria de Estado, el Smart Power requiere de la capacidad de acceder a amigos y adversarios por igual, reforzando viejas alianzas y forjando otras nuevas con herramientas tales como: la negociación, la persuasión y el ejercicio de influencias; la cooperación con socios militares y con los de otras agencias del gobierno; la relación con organizaciones no gubernamentales, del sector privado y organizaciones internacionales; el uso de modernas tecnologías de divulgación pública; el reforzamiento de la autoridad de negociadores que puedan proteger los intereses de EE.UU., y la comprensión de los intereses de los socios.
La doctrina del Smart Power ha sido ya puesta a prueba en América Latina. Se le ha visto el rostro en función de la contraofensiva actual de Estados Unidos en el continente, una estrategia diseñada por las fuerzas ultra reaccionarias del neoconservadurismo durante la administración del presidente anterior.
La adaptación de las viejas prácticas imperialistas a los métodos sofisticados del Smart Power ha provocado que afloren numerosas contradicciones: unas aparentes, otras reales y algunas simuladas dentro de los esquemas del Smart Power.
Así se ha evidenciado en varios escenarios mundiales. En este continente, entre otros, en las intrigas desestabilizadoras contra el gobierno del Presidente Colom en Guatemala, los ardides divisionistas en Bolivia, las maniobras para evitar la consolidación de la plataforma de gobierno que propició la elección del presidente Funes en El Salvador y, ahora, los agresivos manejos que apuntan a la concesión de bases militares que harían de Colombia un país militarmente ocupado por Estados Unidos en el corazón de Latinoamérica.
El golpe de Estado en Honduras, que tenía por objetivo eliminar lo que se suponía el eslabón más débil del ALBA, sin dudas debió sufrir adaptación al Smart Power. El desarrollo de los acontecimientos y en especial la “inesperada” actitud de las fuerzas populares hondureñas respaldando la valiente actuación del presidente Zelaya puso en evidencia serias contradicciones en la forma de manifestarse el gobierno de EE.UU. que, lejos de intentar provecho de un desempeño “inteligente”, ha estimulado la animadversión de los hondureños por la evidencia de sus vínculos de interdependencia con la oligarquía de esa nación centroamericana.
En lo que respecta a la política contra Cuba, altos funcionarios diplomáticos cercanos a la Clinton han divulgado los fundamentos de una nueva táctica de no eliminar el bloqueo sino convertirlo “en un instrumento efectivo del Smart Power para alcanzar los objetivos de la política de Estados Unidos en Cuba”. De ahí que, las recomendaciones e iniciativas que han trascendido no atenten contra los principios del “embargo”, sino que busquen liberalizarlo en aspectos que beneficien a los poderosos intereses económicos de EE.UU. mediante licencias y concesiones puntuales, sin afectar su utilidad como arma de presión.
Al esquema de imperialismo “blando” que pretenden fabricar los “powers that be” (élite del poder estadounidense) para salvar el sistema con la carismática figura del presidente negro que promete cambios y la pérfida doctrina del Smart Power como método, están respondiendo prestamente los pueblos de América Latina, que solo ven… más de lo mismo.
Nota: El autor es abogado, economista y profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de la Habana.